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A manera de introducción
La frontera colombo-venezolana experimenta una crisis orgánica en su sistema de relaciones, exacerbada a partir de los hechos violentos de agosto de 2015 en el puente internacional Simón Bolívar1, los cuales marcaron un hito de ruptura de las dinámicas políticas, económicas, sociales, culturales, de los flujos migratorios y de la situación de Derechos Humanos, a partir de la implementación de medidas de excepción específicas para ese espacio fronterizo.
Dicha ruptura, inauguró un nuevo ciclo de conflictividad e inestabilidad en las relaciones binacionales, con notables implicaciones geopolíticas, explícitas primordialmente ante el conjunto de acciones de intervencionismo transnacional realizadas en esta región bajo la égida de la política exterior de Washington en la región (que tuvo su zenit en febrero de 2019), y ante la agudización de la guerra de posiciones entre grupos irregulares, por el control político y social de este espacio de gran significación política, primordialmente para el control de los flujos ilegales de materia, información y fuerza de trabajo que se producen en este enclave de intercambio.
Precisamente, en este nuevo y convulso tiempo histórico se han producido cambios significativos en las tendencias de las migraciones transfronterizas, en particular se hace referencia al denominado éxodo venezolano, y en relación directa con esa variable, se han acentuado algunas prácticas de vulneración sistemática de Derechos Humanos. La irrupción del coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) y su posicionamiento como pandemia global, ha determinado la implementación de nuevas medidas de excepción para contener la propagación de virus por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Tales medidas, han perjudicado severamente a los sectores de la población vulnerable por su dependencia respecto a la economía informal o por su vinculación al mercado laboral en circunstancias de superexplotación y precariedad. En ese espectro demográfico se ubican gran parte de los migrantes venezolanos, lo que ha motivado una nueva tendencia migratoria, de menor magnitud que el denominado éxodo, pero con una profundización de las dificultades materiales de esos desplazamientos y con la normalización de procesos de violación de Derechos Humanos e incluso de revictimización por parte de agencias de los Estados nacionales y de factores irregulares que dominan los flujos ilegales transfronterizos.
La presente reflexión, constituye un esbozo de una propuesta de línea de investigación, que tiene como finalidad realizar un análisis crítico y dialéctico de esas dinámicas, a partir de las nuevas determinaciones sociales derivadas de la coyuntura de la pandemia, sobre la base de una visión de totalidad que permita la valoración de las particularidades de estos espacios fronterizos, en el marco de la crisis del sistema del capital, de una crisis de hegemonía geopolítica a escala global –con repercusiones directas sobre el espacio geográfico objeto de estudio-, y del punto de bifurcación sistémico que tenderá a instaurar un nuevo orden mundial en la postpandemia.
La crisis de la frontera colombo-venezolana
La crisis de la frontera colombo-venezolana no puede concebirse como un hecho aislado de las dinámicas de la totalidad social. Por el contrario, la misma ostenta un carácter orgánico (Gramsci, 1999): en primer lugar, porque es una expresión concreta de la crisis del sistema del sistema capitalista y de las respectivas crisis de las formaciones económico-sociales de Colombia y Venezuela; y en segundo lugar, porque su devenir histórico ha desencadenado en una situación de caos e inestabilidad multidimensional, la cual ha trastornado de manera drástica el metabolismo social, económico y político, así como el tejido -y la legitimidad- institucional de ese espacio fronterizo.
En la dimensión política, hay que subrayar el conflicto geopolítico transnacional que se ha localizado sobre la frontera colombo-venezolana como espacio estratégico de las relaciones de fuerza en América Latina y el Caribe, en el marco de la contraofensiva del imperialismo estadounidense para la recuperación y el control absoluto de la región como su espacio vital (Carbone, 2019). Los hechos del 23 de febrero de 2019, constituyen un referente para comprender la importancia estratégica de la frontera colombo-venezolana para los intereses de Washington en la región. Tanto el despliegue de una ofensiva diplomática sin precedentes, con la presencia del Vicepresidente, de los Jefes del Departamento de Estado, de la CIA y del Comando Sur en la propia línea fronteriza en los días previos así como la participación en terreno (beligerante, tendenciosa y sesgada) del Secretario General de la OEA, y de presidentes de varios de los países integrados en el denominado Grupo de Lima2.
En la dimensión económica, la crisis de la frontera está condicionada por la tendencia creciente hacia la desregularización de los flujos de materia, fuerza de trabajo e información, dado a partir de los efectos severos de la recesión económica mundial de 2008 sobre las economías de Colombia y Venezuela, por la agudización de las tensiones diplomáticas entre los poderes estatales de ambos países y la consiguiente caída del comercio binacional3, y exacerbada por el cierre de la movilidad transfronteriza en agosto de 2015 -que redundó en la instauración de medidas de excepción para las regiones fronterizas-, por parte de los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos.
Como se mencionó, tales circunstancias determinaron un descenso vertiginoso de los flujos de intercambio comercial legal en las regiones fronterizas binacionales, las cuales han sido desplazadas de manera sistemática por una racionalidad de acumulación delictiva de capital, ya que los circuitos económicos y los procesos de acumulación-reproducción ampliada de capital no han desaparecido en esta frontera, sino que han experimentado mutaciones en sus lógicas de funcionamiento. Esta nueva lógica, ha derivado en la instauración hegemónica de economías ilícitas, vinculadas de manera orgánica a industrias como el narcotráfico y otros delitos conexos (entre los que se destacan el comercio ilegal de combustibles y todo un aparato financiero idóneo para la legitimación de capitales). Dichas economías ilícitas, funcionan en torno a un enclave de producción de hoja de coca localizado en la subregión del Catatumbo del departamento del Norte de Santander (tercer departamento con mayor superficie cultivada de Colombia, aproximadamente el 17% en 2014 según el informe GIZ & ONODOC, y el 16% según informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de las Naciones Unidas en 2017 4), y se desarrolló toda una industria de procesamiento de cocaína integrado a la cadena global de valor de ese narcótico, con lo cual esos territorios y las rutas de los flujos de ese tráfico ilegal, han estado expuestos a disputas territoriales entre agentes estatales, paraestatales e irregulares5 , en pugna por el control y el usufructo de dichos (Ávila. et.al, 2012).
En la dimensión institucional, durante los últimos años se ha profundizado un fenómeno de pérdida de legitimidad de las agencias del poder estatal, producido en gran medida por la normalización de Estados de Excepción por parte de los gobiernos de Bogotá y Caracas, con lo cual se han acentuado las tendencias de marginación y exclusión de la población fronteriza; y además, porque se ha dado una ruptura del tejido institucional, precipitado ante la usurpación de las funciones esenciales de los Estados nacionales por parte de factores irregulares, los cuales mediante el uso de la fuerza, han impuesto regímenes paralelos y yuxtapuestos de control territorial, social y de los flujos económicos, mediados por el dominio de prácticas de violencia y terror que han alterado de manera drástica las relaciones sociales y la subjetividad de la población.
Otra de las aristas de la crisis fronteriza de la actualidad, es el denominado éxodo migratorio venezolano. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aproximadamente 4,5 millones de venezolanos (el 14% de la población total del país) emigraron hacia otras naciones, especialmente de Sur América, entre 2015 y 2019 6. Se trata de un fenómeno que ha trastocado las tendencias históricas de los flujos migratorios en ese nodo de movilidad humana transfronteriza, ya que tradicionalmente los flujos se producían desde Colombia hacia Venezuela (primordialmente por motivaciones económicas, por desplazamientos forzosos de población de origen rural, y por situaciones de vulneración de Derechos Humanos que ameritaban la necesidad de protección internacional7), y la escala de las mismas tenía un comportamiento irregular. Esta nueva tendencia en los flujos migratorios transfronterizos, ha desbordado las capacidades de gestión de las diezmadas instituciones de los Estados nacionales de Colombia y de Venezuela, e incluso de las agencias del sistema multilateral que han aumentado su presencia en las regiones de la frontera colombo-venezolana ante la emergencia de este fenómeno.
Aunque esta corriente migratoria obedece fundamentalmente a motivaciones económicas (condicionadas por la grave y severa recesión económica que ha afectado a Venezuela durante los últimos años: con una caída del 52,3% entre los años 2013 y 2018 8), la escala de la misma combinada con el contexto de Estados de excepción y la presencia de factores irregulares en la frontera, ha propiciado un aumento exponencial de casos de vulneración de Derechos Humanos; ha derivado en situaciones de estigmatización y criminalización de las(os) migrantes; y cabe subrayar, ha sido un instrumento político de la política exterior estadounidense, en la medida en que se ha creado una narrativa que concibe a la migración de venezolanas(as) como un problema de seguridad regional, que ha resultado funcional para la instauración nuevas alianzas y de despliegues militares inéditos de los EE.UU., en la región (Ceceña y Barrios, 2018), así como de un cerco diplomático hacia Venezuela -implementado por los países que convergen en el Grupo de Lima, pero dirigido por Washington-, que vulnera derechos en nombre de la defensa de los Derechos Humanos9.
La pandemia del COVID-19: nuevo escenario de la crisis
La irrupción a escala global de la pandemia SARS-Cov-2 (reconocida en la opinión pública con la denominación de COVID-19), configuró un nuevo escenario, o más bien una nueva ruptura de los procesos metabólicos del sistema de relaciones de la frontera colombo-venezolana, en razón de que precipitó un nuevo cierre del tránsito fronterizo, con lo cual se interrumpieron los flujos económicos y se generaron nuevas condiciones de control y regulación para los flujos migratorios en la frontera, como medio para la gestión -diferenciada- de la pandemia por parte de las autoridades de ambos países.
Las graves repercusiones de la pandemia sobre las economías de las formaciones sociales de América Latina, acentuaron la vulnerabilidad de una proporción notable de los migrantes venezolanos en países como Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. Esto en razón del carácter informal de su vinculación informal a los mercados laborales de esos países, lo que determina su exclusión de los sistemas de salud y seguridad social, así como sus dificultades para subsistir ante la implementación de políticas de confinamiento, lo que redundó en la interrupción de las actividades económicas de las que dependían sus ingresos, y en situaciones de precariedad para la satisfacción de necesidades básicas, agravada por la puesta en práctica de desalojos forzosos -incluso masivos- de sus lugares de residencia.
Ese cuadro de gran complejidad, influyó en una tendencia de retorno de migrantes venezolanos hacia su país, el cual se produjo en condiciones de vulnerabilidad, con violaciones flagrantes de los Derechos Humanos por parte de autoridades estatales, y con situaciones de acoso y hostilidad -mediadas por violencia-, por parte de sectores de la población que conciben a los migrantes como una amenaza para su salud y como un factor de las crisis económicas de sus respectivos países.
En ese escenario la crisis de la frontera colombo-venezolana tenderá a profundizarse, en la medida en que la recesión económica sistémica y los conflictos geopolíticos que rodean a este espacio, afectan las perspectivas de inversión y de intercambio comercial, y con ello, las potencialidades de fortalecimiento de la economía formal. Además, las tensiones políticas de los gobiernos de Colombia y Venezuela, han determinado en gestiones diferenciadas y seccionadas de la pandemia, las cuales reproducen las debilidades institucionales referidas anteriormente, y esos sesgos repercuten más bien en el fortalecimiento de los factores irregulares y de las economías ilícitas, con lo cual se aumenta la vulnerabilidad de la población.
Referencias
- Ávila, Ariel (Editor); León, Sofía; Niño, Elizabeth; Camargo, Edwin; Cañizares, Wilfredo; Guerra, Carmen (2012): La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Narcotráfico, Cartel de la gasolina, Corrupción, Paramilitarismo, Retaguardia de las guerrillas. Ediciones Arco Iris, Bogotá.
- Carbone, Valeria (2019): El corolario Trump a la Doctrina Monroe. De “América para los americanos” a “Latinoamérica para los Estados Unidos”. Documento de estudio del Seminario CLACSO: “Geopolítica del siglo XXI: América Latina en disputa”.
- Ceceña, Ana y Barrios, David (2018): "Dominación capitalista y geopolítica continental". Revista de estudios estratégicos, Nº 6, ISSN: 2313-2698, CIPI.
- GIZ & ONODOC. (2016): Análisis del cultivo de coca como motor de deforestación en el contexto del Desarrollo Alternativo en las Regiones de Amazonía y Catatumbo. GIZ, Bogotá.
- Gramsci, Antonio (1999): Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci. A cargo de Valentino Gerratana, 6 Tomos. Ediciones Era / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México DF, 1999. Recuperado el 05 de noviembre de 2020.
Notas
1) El ataque armado a oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada venezolana, que motivó el cierre del tránsito fronterizo y la declaración de un Estado de Excepción en los municipios fronterizos de Venezuela, por parte del presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, el gobierno colombiano vigente en esa coyuntura, presidido por Juan Manuel Santos, también recurrió a medidas de excepción para enfrentar las contingencias dadas por el nuevo escenario de relaciones binacionales. Ver: Venezuela cierra su frontera con Colombia tras un ataque a militares” https://elpais.com/internacional/2015/08/20/actualidad/1440046617_105035.html
2) Para profundizar en la apreciación del autor respecto a este hecho, se recomienda la lectura del siguiente artículo: "La batalla de los puentes": balance del 23F en la frontera colombo-venezolana. https://www.aporrea.org/actualidad/a276661.html
3) Que superó los ocho mil millones de dólares en 2008, se ubicó en 2.400 millones de dólares en 2014, y descendió de manera abrupta hasta los 241 millones de dólares e 2019 (Datos del DANE y de Cavecol).
4) https://lasillavacia.com/silla-santandereana/catatumbo-coca-aumento-no-se-desbordo-68037
5) De facto se produce una guerra de posiciones mediada por alianzas y pugnas de signo temporal e inestable, entre factores de la fuerza pública de ambos países, grupos neoparamilitares residuales de las AUC, grupos insurgentes (el ELN, el resurgimiento de las FARC-EP ante el incumplimiento del Acuerdo de La Habana, así como una nueva facción que se demanda como parte del EPL), y estructuras criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa (ver: https://www.laopinion.com.co/region/mexicanos-controlan-el-80-de-la-coca-del-catatumbo-187270). Cabe mencionar, la recientemente anunciada incorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., en estos territorios, los cuales con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, se convierten en otro factor a considerar en la cartografía de dicha guerra de posiciones.
6) https://www.iom.int/es/crisis-de-refugiados-y-migrantes-venezolanos
7) Según cifras de ACNUR, hasta 2015, 173.673 ciudadanos(as) colombianos(as) habían realizado solicitud formal de refugio ante la República Bolivariana de Venezuela.
8) Cifras del Banco Central de Venezuela
9) Por ejemplo, el gobierno de Colombia bajo la administración del conservador Iván Duque, retiró los servicios diplomáticos y consulares, con lo cual afecta notablemente y vulnera Derechos Humanos de la población colombiana residente en Venezuela.
