1. Breve descripción del problema
La frontera colombo-venezolana ha experimentado profundas contradicciones en las últimas dos décadas sobre sus nodos fundamentales4, las cuales han conformado una crisis orgánica5 (Gramsci, 1999) y han desencadenado en procesos de reconfiguración territorial que han alterado su funcionalidad estratégica en relación con las formaciones económico-sociales de Venezuela y Colombia, con el sistema de relaciones internacionales, y con su inserción en las redes y flujos del mercado mundial.
En el periodo referido, los procesos de reconfiguración territorial de la frontera colombo-venezolana estuvieron determinados por una transición de signo estructural, en la cual este espacio pasó de ser un enclave de intercambio e integración política con relevancia regional, en el contexto de una corriente de constitucionalismo supranacional inherente a la mundialización de los mercados y los flujos de capital (Porto-Gonçalves, 2009); para convertirse en hito y teatro de operaciones de un conflicto de naturaleza y escala geopolítica (Forero, 2020).
A su vez, esos procesos de reconfiguración territorial, derivaron en una dialéctica compleja e inestable de resignificación, que ha derivado en cambios drásticos en el sentido que le otorga la población a su territorio, sobre el entendido de que el territorio expresa relaciones entre sujetos sociales, los cuales producen y reproducen significados y determinadas lógicas de apropiación (Ramírez, 2013). Cabe subrayar que los procesos de reconfiguración territorial mencionados han presentado un carácter intensivo, ya que se han dado en plazos muy cortos y han estado mediados por intempestivas rupturas políticas, mutaciones en el metabolismo económico y prácticas de violencia (determinadas primordialmente por disputas territoriales), las cuales han reestructurado de manera permanente el sistema de relaciones de esta frontera y han generado procesos de reterritorialización (Haesbert, 2004). Además, como se sugirió, tales disputas han trastornado las percepciones y las significaciones socialmente construidas por la población en torno a los sus territorios6.
Los procesos de reconfiguración territorial en la frontera colombo-venezolana en los últimos veinte (20) años, han estado marcados entonces por la yuxtaposición de contradicciones de gran complejidad, cuyo proceso de estructuración permite apreciar dos periodos diferenciados por lógicas y dinámicas diferenciadas e incluso antagónicas en su movimiento. En un primer momento (2000-2008), se produjeron escenarios como la convergencia entre la vigencia del auge de la globalización y la integración como paradigmas dominantes en las relaciones internacionales a escala mundial y estrategias de desarrollo centradas en la apertura de mercados en Colombia y hacia la integración regional en Venezuela (Gutiérrez, 2013).
Tal escenario facilitó que en la región económica fronteriza Táchira- Norte de Santander, se adelantara un proyecto de integración binacional, con la finalidad de constituir una Zona de Integración Fronteriza (ZIF), con estructuras normativas, político-administrativas y económicas que derivaban en una racionalidad de ordenamiento territorial transfronterizo7, que se enmarca en un proceso histórico -desde la década de 1940 8- de tentativas de constitución de una región binacional (Linares, 2005).
Ese contexto de integración política, fue propicio para el desarrollo de ingentes procesos de intercambio económico, los cuales motivaron la concreción de inversiones importantes, con lo cual aumentaron de manera notable las potencialidades económicas de la región. Dicho experimento de ordenamiento territorial transfronterizo no se concretó, porque los procesos de diseño de marco normativo y delimitación de la ZIF se dilataron más de lo previsto, y posteriormente en razón de la agudización de contradicciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. No obstante, ese periodo, estuvo condicionado también por factores geopolíticos que establecieron una disputa territorial por el control de las redes y los flujos como mecanismo para captar rentas de origen legal e ilegal, en el marco de un proceso de internacionalización del conflicto social, político y armado de Colombia.
Tal situación desencadenó en un cambio sustantivo en la funcionalidad de la frontera colombo-venezolana. En primer término, porque este espacio adquirió un rango estratégico en la geopolítica del continente, en la medida en que se le concibe como un eslabón clave de las relaciones de fuerza en los conflictos políticos entre los gobiernos de Venezuela y Colombia (y en la posición y los intereses de los Estados Unidos en la región). En segundo término, porque esta región adquirió nuevos roles en la guerra de posiciones entre factores irregulares y en la División Internacional del Trabajo, a través de su inserción en la cadena global de valor de la cocaína9.
Esa nueva condición de nodo medular en las pugnas de poder geopolítico y en los procesos de acumulación de capital derivados y asociados con la industria del narcotráfico, devino en una escalada de violencia cruenta, la cual se expreso de manera dramática, precisamente y con mayor virulencia en los municipios integrados a la región fronteriza del estado Táchira, cuya tasa de homicidios transitó de 2,34 por cada cien mil habitantes en el año 2000, hasta 27,7 y 58,16 homicidios por cada cien mil habitantes en los años 2002 y 2005, lo que representó un crecimiento proporcional de 1180% y 2485% respectivamente (Forero y Ortega, 2013)10.
El quiebre definitivo de los procesos de integración desencadenado por el escalamiento de las tensiones políticas entre los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela y Álvaro Uribe en Colombia, es el hito fundamental del segundo periodo (2009-2020), ya que además de redundar en la ruptura de relaciones diplomáticas y la restricción del intercambio comercial en 2008, precipitó en una nueva mutación que transfiguró la función y la percepción de la frontera colombo-venezolana, la cual pasó de ser un espacio de integración a concebirse desde determinadas lógicas de los poderes estatales de Colombia y Venezuela: como espacio de escisión, como ícono de confrontación entre narrativas políticas y proyectos de desarrollo divergentes.
La ruptura temporal de relaciones diplomáticas y el enfriamiento del intercambio económico, marcó un quiebre: en primer lugar, porque determinaron una tendencia decreciente de las relaciones comerciales, las cuales enfrentaron una contracción estrepitosa, desde 7.289 millones de dólares en 2008, hasta los 4.613 millones de dólares en 2009 y los 1.728 millones de dólares en 2010 respectivamente con una reducción proporcional del 36,7% y del 76,3% respectivamente (Ortega, 2016); y en segundo lugar, porque se lesionó la narrativa que concebía esta frontera como un circuito de intercambio de importancia vinculado al mercado mundial y como un espacio en el que se desarrollan densos e intensos procesos de acumulación de capital.
La recesión del intercambio económico formal y legal, redundó en el fortalecimiento de economías informales, ilegales e ilícitas en la frontera colombo-venezolana. Tal situación determinó que el control del territorio, se transformara en un instrumento clave de las relaciones de fuerza entre factores relacionados con la disputa territorial referida, como medio para fortalecer su presencia e influencia política-social-cultural y para la expansión de procesos de acumulación de capital vinculados precisamente con las crecientes economías ilegales (Ávila, 2012).
El resultado fue la ubicación de esta región como nodo de “un corredor fronterizo de disputa territorial (…) con una afectación alta y persistente” (Salas, 2016. p. 49-51), las cuales tienen una relación orgánica con: i) la agudización del proceso de internacionalización del conflicto colombiano, cuyas relaciones de fuerza están inscriptas en un conflicto geopolítico de escala transnacional11; ii) las contradicciones dadas entre la política exterior estadounidense, en clave de restauración de su hegemonía histórica sobre la región (Mongerfeld, 2019), y con gran predominio sobre las decisiones estratégicas del establecimiento en Colombia, respecto a las narrativas, agendas y alianzas desplegadas por el enfoque contrahegemónico (respecto a Washington) de la política exterior de Venezuela (Briceño, 2011).
De igual manera, dichas disputas territoriales están asociadas a la mencionada nueva funcionalidad implantada para estos territorios en la División Internacional del Trabajo (como parte de las mutaciones inherentes a las nuevas dinámicas del conflicto colombiano). La frontera colombo-venezolana exacerbó -bajo una racionalidad extractivista y por ende de despojo-, su condición de nodo fundamental de la cadena global de valor del tráfico ilegal de cocaína (Ávila, 2012). Las rupturas políticas y el declive del intercambio económico formal, inversamente proporcional respecto al comportamiento de economías ilegales y lesivo respecto a la cooperación institucional binacional, se agudizaron hasta niveles inéditos en el marco del cierre fronterizo de 2015, con lo cual se acentuó el socavamiento de la presencia de los poderes estatales y la instauración-normalización de medidas de excepción en las regiones fronterizas por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Asimismo, se profundizaron lógicas históricas de marginación estructural de las regiones fronterizas, y se produjeron fenómenos que desbordaron las capacidades de gestión de las instituciones (tales como el retorno masivo de ciudadanos colombianos hacia su país, y el éxodo migratorio venezolano), mientras de manera simultánea se agudizaron las disputas territoriales entre factores del conflicto colombiano, y posteriormente para la instauración forzosa -con base en lógicas de apropiación-violencia- (De Sousa, 2006) de Estados paralelos en las localidades fronterizas.
El corolario de rupturas diplomáticas por parte de los poderes estatales (vigentes mientras se escriben estas líneas y exacerbadas hasta niveles inéditos en la historia de las relaciones binacionales); de quiebres en los procesos de integración económica, de deterioro del intercambio comercial, recesión macroeconómica y de ascenso de economías ilegales; de intereses geopolíticos en el marco de la internacionalización del conflicto colombiano; de nuevas funciones de esta frontera respecto a la cadena global de valor de la cocaína; y por último, de déficit institucional, y de auge de prácticas de violencia cruenta (Osuna, 2015)12: se conciben como factores determinantes de los intensos procesos de reconfiguración territorial dados en la frontera colombo-venezolana durante las últimas dos décadas.
El haz de fuerzas integrado en una pugna de escala geopolítica y geoeconómica por el control y usufructo del territorio fronterizo, han producido procesos de reconfiguración territorial que analizados desde una perspectiva global, han lesionado de manera severa la realidad económica, social, política, de seguridad, de Derechos Humanos y de garantías de derechos en general para la población de la frontera colombo-venezolana. Sin embargo, esos procesos han enfrentado y seguirán enfrentado resistencias, en lucha por una territorialidad que además de expresar la historia de integración política, económica y de tejido social, permita la defensa de los bienes comunes, así como la oposición de la ciudadanía a lógicas de extractivismo y apropiación-violencia, implantadas en las últimas décadas, como premisas para alcanzar la dignificación material y simbólica de la población de la frontera colombo-venezolana.
2. Reconfiguraciones territoriales en la frontera colombo-venezolanas (2000-2020)
El territorio es una entidad en permanente transformación (Echeverría y Rincón, 2000), es una construcción social y política, mediada por relaciones de poder y lógicas de apropiación sobre el espacio geográfico, en la medida en que se reconoce como espacio apropiado (Porto-Gonçalves, 2009), por parte de determinados sujetos sociales, y como un conjunto de tramas, nodos, redes que pueden ser objeto de control, distribución, asignación y apropiación (Bernal, 2020), cuyas formas, contenidos, reglas, funcionamientos y dirección se sostienen mediante procesos sociohistóricos (Santos, 2000), en los cuales convergen múltiples relaciones de poder, tanto del poder material que se manifiesta en las relaciones económico-políticas, como del poder simbólico que se refiere a relaciones del entramado subjetivo (Haesbaert, 2011).
La región fronteriza Táchira- Norte de Santander, ha experimentado procesos de reconfiguración territorial, los cuales pueden expresarse mediante:
la reestructuración de los procesos productivos; la incorporación de nuevos productos; (...) las políticas de desarrollo local; las nuevas formas de organización del trabajo; la emergencia mercados laborales, de procesos asociativos y de nuevos actores; la destrucción y/o recomposición de lazos sociales; y los efectos sobre el medioambiente y la gobernabilidad democrática (Morandi, 2017. p. 362).
Desde un punto de vista sistémico, estos procesos tienden a generar cambios estructurales -internos y externos-, las cuales están integradas a transformaciones en las lógicas de gestión y usufructo de los recursos y las rentas, que condicionan elementos fundamentales de reterritorialización como los marcos normativos y la inversión en infraestructura; en la inserción en los flujos de capital en las economías nacionales y en el mercado internacional (Porto-Gonçalves, 2009).
En el caso de esta región fronteriza, vale subrayar que la misma ha funcionado históricamente como un factor clave de las economías y las relaciones de fuerza en la política para las formaciones económico-sociales de Venezuela y Colombia, en sus diversos roles: a) corredor territorial estratégico en la guerra de independencia a principios del siglo XIX; b) nodo de producción de valor integrado al mercado mundial y de encuentro para movimientos políticos de gran importancia para la historia de ambos países a finales del siglo IXX (Rangel, 2006); c) enclave de intercambio de gran escala en la segunda mitad del siglo XX (Linares, 2005); d) territorio en disputa en el escenario de conflicto geopolítico del tiempo histórico actual (Ávila, 2012).
Por tanto, la hegemonía sobre este espacio fronterizo, en su carácter dialéctico de hito de encuentro e intercambio y límite político-administrativo, se ha concebido como un factor sustantivo en los procesos de reterritorialización dados en esa frontera (Haesbaert, 2005), en su condición dual de enclave de acumulación de capital relevante y eslabón decisivo de la geopolítica regional. Para el estudio de los procesos de reconfiguración territorial dados entre los años 2000 y 2020, se utilizará la periodización como herramienta analítica, a través de la cual se perciben dos periodos. En primer lugar, el de Auge de la globalización y la integración regional (2000-2008). En segundo lugar, el de Ruptura de integración política y económica (2009-2020).
Como se refirió en el primer apartado, los dos periodos han enfrentado los estragos de la internacionalización del conflicto colombiano, y han experimentado el escalamiento de las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de ambos países y de las contradicciones entre intereses geopolíticos y económicos de gran escala. Intereses asociados fundamentalmente al ciclo de inestabilidad sistémica que ha signado a las relaciones de la América latina y el Caribe con los Estados Unidos de América en las últimas décadas (Bruckmann, 2019), y a las nuevas funcionalidades en la División Internacional del Trabajo instauradas en la frontera colombo-venezolana.
2.1 Primer Periodo: Auge de la globalización y la integración regional (2000-2008)
Desde principios del siglo XXI la frontera colombo-venezolana fue objeto de procesos de reconfiguración territorial que se expresaron a través de indicadores como su funcionalidad, su estructura (interna y externa), sus formas y contenidos, y sus significaciones para la población. La hegemonía del proceso de globalización se desplegó sobre esta frontera, ya que trajo consigo una racionalidad de integración en las relaciones internacionales. En esa corriente se inscriben las propuestas de estructuración ZIF, planteadas por parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La región fronteriza Táchira- Norte de Santander, además de concebirse como un referente de integración, se reconoció ante ese organismo subregional como un espacio factible para la implementación de un marco normativo y político-administrativo transfronterizo (Álvarez, 2004).
Esa racionalidad de integración estaba en sintonía con las tendencias históricas de estructuración como región económica binacional. Los procesos de territorialización originarios y su devenir en esta frontera, han estado determinados por dichas tendencias. Tal aseveración es pertinente, tanto para el tiempo histórico de su constitución a finales del siglo IXX (Rangel, 2006), como para su evolución en el contexto de la mundialización del sistema capitalista.
Se trata entonces de un proceso histórico esencial a esta frontera. De acuerdo con un informe del BID de 1964 (citado por Linares, 2005. p. 47), se identifica al nodo de intercambio Táchira- Norte de Santander “como un espacio socioeconómico fronterizo con dinámica propia para la aplicación de políticas para el desarrollo fronterizo”. Posteriormente, esta región logró avances notables en materia de integración durante la década de 1990, en particular a través de la creación de una Unión Aduanera en 1995, que ratificó el signo y la jerarquía de esta frontera como la más dinámica de la CAN en materia de intercambio comercial y de inversión extranjera intracomunitaria (Gutiérrez, 2013).
Tales circunstancias redundaron en que el comportamiento del intercambio comercial binacional entre los años 1993 y 1999, presentara una variación positiva del 32,6% (DANE, citado por Reyes, 2012), como resultado de esos avances en la integración económica. Sin embargo, es a principios del siglo XXI, en el marco de las negociaciones y los estudios para la delimitación y estructuración de la ZIF, cuando la frontera colombo-venezolana aumenta en la intensidad y la magnitud de sus flujos y con ello se convierte en un enclave de intercambio económico de gran escala.
Para el año 2000, el intercambio comercial binacional registró un monto de 2208 millones de dólares americanos (USD). Mientras en 2005, como expresión concreta de la promoción de la ZIF (afectada sin embargo por una recesión económica mundial y por las pérdidas de la industria petrolera de Venezuela de los años 2002 y 2003 dadas en el marco de un fallido golpe de Estado y una paralización de dicha industria), ese intercambio alcanzaba los 3259 millones de USD; y en la misma tendencia, para el año 2008, superaba los 7200 millones de USD, para experimentar un crecimiento proporcional del 47% y el 227% respectivamente (Ministerio de Comercio de Colombia, citado por Briceño, 2011).
Por supuesto, ese aumento en las escalas de los flujos económicos profundizó un proceso de reconfiguración territorial, mediante el cual, este espacio fronterizo se cristalizó como un enclave de intercambio económico y como un espacio de acumulación de capital de gran importancia para la región. Tal escenario fue propicio para un crecimiento de inversiones en áreas industriales, comerciales, de servicios, bienes raíces e infraestructura pública de la región económica (con mayor vigor en el territorio colombiano13), lo que redundó en la profundización de integración de esta frontera en los circuitos de capital, y en su valoración como un territorio relevante del mercado internacional.
Esa nueva posición estratégica de esta región, se expreso en el fortalecimiento de las capacidades de producción e intercambio de la misma, tangible ante la reactivación de la zona industrial de Ureña y la especialización en servicios comerciales en San Antonio del Táchira, así como en la optimización de las vías de comunicación entre la ciudad de Cúcuta y la localidad de Villa del Rosario, la construcción de puentes, anillos viales, nuevas vías de comunicación, pequeños, medianos y enormes Centros Comerciales en dicha ciudad; y en relación directa con esta lógica, los inicios en la edificación de un nuevo puente internacional (el Puente de Tienditas: más grande y moderno respecto a los puentes existentes).
Asimismo, se constituyó todo un entramado de actividades económicas y derivados del comercio binacional, en áreas como el transporte de carga; el equipamiento para aduanas y para almacenamiento de mercancías; el desarrollo de nuevas y modernas plataformas de servicios financieros, entre los que se incluyen transacciones bancarias internacionales y operaciones de cambio monetario; y múltiples actividades conexas y complementarias -formales e informales- para la materialización de los ingentes flujos económicos desencadenados a partir de esta nueva realidad14. La frontera era concebida como “la más viva de América, como un lugar de oportunidades de crecimiento de los negocios y el empleo” (EEAE02, 2020).
No obstante, esta expansión en los procesos de inversión y acumulación de capital no derivó en un crecimiento integral de la región. Por el contrario, se exacerbó el desarrollo desigual de la misma, en tanto algunos segmentos centrales experimentaron transformaciones significativas (con la edificación de estructuras colosales), mientras que en las áreas periféricas se acentuaba la marginación, “los barrios populares no fueron incluidos en ese desarrollo económico y la pobreza no desapareció” (EEAP01, 2020). Pero esa no fue la única vertiente de contradicciones esenciales de ese periodo.
Aunado al desarrollo desigual, se precipitó otro vector de procesos de reterritorialización en esta región fronteriza, el cual se desplegó sobre la misma de manera simultánea respecto a la corriente de crecimiento económico y la avanzada de integración binacional. Sobre la base de una lógica subsidiaria del crecimiento descrito, el tejido social, económico, político y cultural de la región económica Táchira- Norte de Santander, fue permeada por economías ilegales, integradas orgánicamente a actividades ilícitas como el contrabando de combustibles, y primordialmente, a la industria del narcotráfico, a partir de la instauración de un enclave de producción primaria, intermedia y secundaria en la subregión del Catatumbo del Norte de Santander; y como circuito de distribución hacia los mercados de Norte América y Europa a través de las localidades fronterizas de la depresión del Táchira (Ávila, 2012).
La escala e intensidad de los flujos dados en el marco del crecimiento del intercambio económico binacional, y en particular la densidad y la complejidad de los sectores informales constituidos históricamente en la región, fueron utilizados por los factores vinculados a las economías ilegales para la legitimación de capitales, y para su posicionamiento de manera paulatina y sistemática como factores económicos de peso en la región, lo que determinó su ascenso como agentes de la sociedad civil, con presencia e influencia en el poder estatal y el Estado profundo del departamento del Norte de Santander de Colombia y el estado Táchira en Venezuela (EEIF02: 2020).
Esta nueva cartografía de la hegemonía y las relaciones de poder en la región, cómo manifestación concreta de la irrupción de grupos criminales y factores irregulares sobre esas rentas ilegales, primordialmente del Bloque Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, los denominados paramilitares, en el mencionado contexto del proceso de internacionalización del conflicto de ese país, derivó en el desarrollo de una escalada de violencia sin antecedentes, tanto por su escala e intensidad (Forero y Ortega, 2013), como por su signo cruento (CNMH, 2015; Cañizares, 2017). La violencia cruenta fue el mecanismo utilizado para generar toda una recomposición de fuerzas en el contexto de una disputa territorial por el control y el usufructo de los nodos, flujos y redes -por el territorio- de la frontera colombo-venezolana. El proceso de internacionalización del conflicto social, político y armado que ha padecido Colombia desde hace más de medio siglo (Pecaut, 2014), se estructuró entonces como otro vector sustantivo de reterritorialización, cuyas lógicas de violencia-apropiación, determinaron que la frontera fuera el escenario de pugnas estratégicas (Fundación Progresar, 2018).
Mientras en el mundo formal e institucional se negociaba la ZIF y se fomentaba el crecimiento del intercambio económico, por debajo de la superficie se producía la invasión de los paramilitares16, con el objetivo de “desplazar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del control de áreas de influencia y de los flujos negocios ilegales” (EEIF02, 2020). La región se convirtió en un espacio ocupado, objeto de una disputa territorial, “en una frontera caliente” (EEAP02, 2020).
En términos generales se puede aseverar que dichas disputas produjeron una reconfiguración de gran escala e impacto en la funcionalidad del territorio fronterizo, tan notable como la establecida por el auge de la globalización. Tanto en su inserción en los conflictos geopolíticos regionales, como en los trastornos dados en sus procesos metabólicos de acumulación de capital; y además alteraron de manera significativa las percepciones de la población en relación con dicho territorio, ahora reconocido como “un lugar en guerra, como un sitio intranquilo en el que manda el miedo” (EEAE01, 2020), porque la guerra de posiciones entre factores irregulares y el desenlace de dominación paramilitar (EEAP01, 2020), trastocó su forma y contenido.
Se produjo así una yuxtaposición paradójica, en la cual la región económica Táchira- Norte de Santander se adaptaba a dos funcionalidades: como un nodo de intensos y enormes flujos de capital en el marco de un proceso de integración regional subsumido en la lógica dominante de la globalización; mientras de manera paralela y subrepticia profundizaba su condición de espacio estratégico desde el punto de vista geopolítico, lugar clave en las relaciones de fuerza de proyectos de poderes estatales, y además, “escenario de guerra” (EEIF01, 2020) en un nuevo estadio del conflicto colombiano en su fase de internacionalización.
2.2 Ruptura de integración política y económica (2009-2020)
El segundo periodo de reconfiguración territorial de la región económica Táchira- Norte de Santander, tuvo como hito fundamental las tensiones políticas que derivaron en la ruptura diplomática entre los gobiernos de Hugo Chávez de Venezuela y Álvaro Uribe de Colombia. La crisis diplomática de 2009 entendida como proceso y producto de una relación histórica compleja (Ramírez, 2005) y como un episodio crítico de las contradicciones en los últimos 20 años16, cuyo escalamiento desencadenó en un nuevo escenario, en el cual los procesos de integración fronteriza y las relaciones comerciales binacionales resultaron severamente perjudicados17.
A partir de 2009, el nuevo escenario planteado por el conflicto político entre los poderes estatales de Venezuela y Colombia, revirtieron la tendencia de crecimiento económico de la región. Asimismo, acentuaron las condiciones, especialmente las institucionales, para la profundización del proceso de internacionalización del conflicto colombiano. Por supuesto, tales circunstancias redundaron en un nuevo proceso de reterritorialización. En los ámbitos de integración política y económica, se produjo un reflujo drástico. Mientras tanto, la guerra de posiciones iniciada en 1999, experimentó profundas mutaciones, reflujos en las relaciones de fuerza entre los factores del conflicto y variaciones en las formas y contenidos de la violencia.
Con fines analíticos, este periodo – que ha presentado un carácter voluble e inestable-, será valorado a partir de ciclos de conflictividad que han determinado su devenir. En ese orden de ideas se pueden distinguir: un primer ciclo de Tensiones políticas y de contracción de los flujos económicos (2009-2015); un segundo ciclo de cierre de los flujos económicos legales y agudización de las tensiones políticas (2015-2019); y un tercer ciclo de transnacionalización del conflicto de la frontera, rupturas diplomáticas absolutas y exacerbación de la desintegración (2019-2020).
i) Ciclo de tensiones políticas y de contracción de flujos económicos (2009-2015):
Los acuerdos militares suscritos por el gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos de América (que incluyeron la instauración de bases militares estadounidenses en territorio colombiano), fueron el agente catalizador de una erosión crónica de las relaciones diplomáticas y del intercambio económico entre Venezuela y Colombia. En el ámbito político, se extinguieron de manera definitiva las perspectivas de estructuración de una ZIF, y con ello, de consolidación normativa y operativa de una región económica en la senda del proceso de globalización. Mientras en el ámbito económico se lesionaron las relaciones comerciales, en cuyo desempeño se aprecian las repercusiones de ese nuevo contexto de ruptura, ya que en 2008 el intercambio económico formal ascendía a 7.289 millones de USD, y para 2009 y 2010 descendía hasta los 4613 y los 1728 millones de USD, lo que representó una contracción del 36,7% y el 76,3% respectivamente (Ortega, 2016).
Esa recesión trajo consigo alteraciones sustantivas en la territorialidad de la región, ya que esta frontera perdió importancia en las economías de las formaciones económico-sociales de Venezuela y de Colombia, y en relación con las dinámicas de integración e intercambio comercial regional. Dicho de otra manera, esta región económica transitó de espacio de integración, a espacio de rupturas; y de espacio de expansión a espacio de depresión económica, “la frontera más viva de América (...), se convirtió en la frontera deprimida, ese fue el inicio de su agonía” (EEAE02, 2020).
En este contexto, se exacerbaron las disputas territoriales cimentadas en el periodo 2000-2008, se produjo toda una recomposición de fuerzas entre los factores irregulares de estas disputas, condicionada por dos variables: a) la reestructuración de los grupos paramilitares, dada ante la división de las AUC a partir de una negociación de esa estructura y el Estado colombiano, lo que derivó en que tres grandes grupos dominaran esta frontera: Los Urabeños, Los Rastrojos y las Aguilas Negras (Ávila, 2012); b) la contraofensiva de grupos insurgentes por recuperar su presencia en la región: “del ELN en la serranía del Tama, y la depresión del Táchira con focos urbanos de Cúcuta y Villa del Rosario; de las FARC-EP y el ELN en la subregión del Catatumbo” (EEIF02, 2020).
Se desplegó así una nueva etapa del proceso de internacionalización del conflicto colombiano en su localización sobre la región fronteriza Táchira- Norte de Santander. El territorio adquiere entonces una funcionalidad estratégica en esa guerra de posiciones. Por tanto, el control de los nodos y las redes de las economías legales e ilegales es un elemento clave de las relaciones de fuerza. Tanto la racionalidad de rupturas políticas y desintegración, como la dinámica de dicha guerra de posiciones, determinaron mutaciones en la configuración territorial de la región económica fronteriza, tanto en sus formas y contenidos, como en los sentidos que le otorga la población. Ésta última, se percibe como “prisionera de la guerra” (EEAE01, 2020) por la nueva realidad signada por la violencia y la coerción, así como por el pagos de tributos de manera forzosa para los factores irregulares dominantes en las localidades fronterizas.
ii) Ciclo de cierre de los flujos económicos legales y agudización de las tensiones políticas (2015-2019):
El escalamiento de las disputas territoriales dadas entre factores irregulares, alcanzó nuevas cotas ante los hechos violentos suscitados en agosto de 2015, cuando grupos residuales del paramilitarismo enfrentaron y asesinaron a oficiales y suboficiales de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, que interconecta a las localidades de San Antonio del Táchira y Villa del Rosario de Norte de Santander.
Ese hecho significó el desbordamiento de los poderes estatales por parte de grupos irregulares, en una explícita demostración de usurpación de funciones sustantivas como el monopolio en el uso de la fuerza y el control y fiscalización de los flujos por los puentes internacionales, una especie de manifestación concreta de los Estados paralelos instaurados en esa frontera: “Ese día fue un campanazo de la situación de la frontera (...), eso era un secreto a voces porque esos grupos tenían mucho tiempo mandando en esos territorios y ese día lo dejaron claro” (EEAP02, 2020).
Los sucesos referidos precipitaron decisiones políticas inmediatas. Por parte del gobierno de Venezuela, el cierre del tránsito fronterizo (de los flujos legales a través de los puentes internacionales) y el decreto de Estado de excepción fronterizo. Por parte de Colombia, el decreto de Estado de Emergencia. Dichas decisiones produjeron nuevos trastornos en las relaciones diplomáticas binacionales (la inauguración de una época signada por hostilidades e incluso quiebres de canales de diálogo), en la dinámica del sistema de relaciones y el tejido social de la región económica fronteriza, en la función económica y geopolítica de este espacio, y en el sentido que se le otorga a estos territorios en la subjetividad de la población. El cierre de los puentes fronterizos marcó un hito histórico en la frontera colombo-venezolana, porque esa medida significó una ruptura traumática. Las tendencias de depresión del intercambio comercial y de desintegración política se profundizaron. La frontera se convirtió en el epicentro de tensiones políticas y de nuevas restricciones para los flujos económicos.
En el ámbito político, se inauguró una nueva época signada por el escalamiento de las hostilidades sobre la base de narrativas belicosas, y con ello, de flujos y reflujos en las relaciones diplomáticas. En el ámbito económico, se produjo una nueva caída del intercambio comercial (que acentuó las tendencias de declive instauradas desde 2008), el cual registró un descenso interanual del 38% al comparar los primeros nueve meses de 2015 en relación con el mismo periodo de 2016 (Belandria, 2016).
Desde entonces, la tendencia de depresión en las relaciones comerciales se ha profundizado. De acuerdo con el DANE, citado por la Cámara de Comercio de Cúcuta (2019): entre 2015 y 2019 se produjo una disminución abrupta de ese indicador: desde 1.3 miles de millones de dólares en 2015, hasta 0,79 miles de millones de dólares en 2016, y 0,13 miles de millones de dólares en 2019, lo que representa una reducción interanual del 42% respecto 2016, y superior al 90% en relación con las cifras de 2019.
Por supuesto, en el contexto de una región económica como la constituida entre Táchira y Norte de Santander “diseñada para coexistir y ser complementaria” (EEAE01, 2020), las repercusiones de una recesión tan drástica se sienten en ambas secciones de la linealidad fronteriza. Para citar un par de casos, la interrupción de los flujos comerciales derivó en la pérdida de al menos 8000 empleos en servicios de aduana y afectó a miles de operadores de transporte de carga en Venezuela. Asimismo, se produjo el “cierre de miles de establecimientos comerciales y prestadores de servicios en la ciudad de San Antonio del Táchira” (EEAE02: 2020).
Los impactos más severos de esta situación, los padecen los sectores vulnerables. El tejido económico fronterizo se ha caracterizado por presentar una proporción importante de informalidad, mediadas por la situación de marginación y pobreza estructural de la población, y de la existencia de un ejército de desempleados, que ha alcanzado una magnitud inestimable en el marco de la recesión económica venezolana y el ascenso exponencial del flujo migratorio de ciudadanos de ese país -precisamente desde 2015-, lo que ha generado “una atmósfera de precariedad, vulnerabilidad y de extrema pobreza en la frontera (EEIF01, 2020).
Además de las consecuencias para el tejido económico de la región, y de los efectos para la población ante la pérdida de empleos, el aumento de la informalidad y la pobreza, hay que señalar una consecuencia de carácter orgánico de esta crisis. Específicamente porque la misma ha determinado reconfiguraciones drásticas, porque las redes y flujos han experimentado mutaciones, variaciones sustantivas en sus escalas, sus formas y probablemente en sus agentes, pero siguieron en funcionamiento, con lo cual la racionalidad de la economía formal ha sido desplazada y ha perdido la hegemonía en relación con la economía informal.
Probablemente esta es la repercusión más devastadora de este segundo ciclo, porque favorece las condiciones para que las economías ilegales puedan permear los flujos y las redes de producción e intercambio, e incluso puedan imponer sus designios y usurpar las funciones esenciales de los poderes estatales, lo que produce una desregulación absoluta de las actividades económicas, “ahora esta es la frontera de las trochas” (EEAE02, 2020), todo un caldo de cultivo para la legitimación de capitales y la expansión de industrias como el contrabando y el narcotráfico, con su carga de violencia cruenta y erosión del tejido institucional.
El territorio experimentó mutaciones regresivas en este segundo ciclo, con una pérdida notable en el dinamismo económico y con un sentido de proscripción de las aspiraciones históricas de integración que han caracterizado a esta región18. En un escenario tan convulso, se intensificaron las disputas territoriales en el marco de la guerra entre factores irregulares (Morffe y Albornoz, 2018). “Los grupos residuales de las AUC presentaron nuevas rupturas internas que debilitaron su dominio sobre localidades fronterizas” (EEIF02, 2020). Dicho dominio fue socavado además por “el regreso del ELN a la lucha por los territorios” (Ibíd.). Esa situación, desencadenó un nuevo estadio en la guerra de posiciones por el control de la frontera, marcada por la agudización de la violencia a través de enfrentamientos y golpes a la población civil.
Sobrevino entonces un cambio drástico en la funcionalidad y los significados del territorio. En cuanto a su función, éste se reconfiguró ante la exacerbación de la erosión de su condición de nodo de intercambio económico y espacio de integración. De igual manera emergieron nuevos significados respecto al territorio, el cual se percibió “como un muro o un callejón sin salida” (EEAE01, 2020); y como espacio de “un conflicto que ha hecho mucho daño a la frontera” (EEAP01, 2020).
iii) Transnacionalización del conflicto de la frontera, rupturas diplomáticas absolutas y exacerbación de la desintegración (2019-2020):
El tercer ciclo de conflictividad ha sido especialmente complejo, ya que se ha caracterizado por presentar hostilidades y contradicciones de mayor intensidad. El hito fundamental de este ciclo se ubica en los convulsos hechos del 23 de febrero de 2019, en el cual se concatenaron un conjunto de hechos turbulentos: marcados por la combinación del anuncio de ingreso forzoso de una caravana con presunta ayuda humanitaria al territorio venezolano por parte de un gobierno autoproclamado en Venezuela en enero de 2020 con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América19. En ese escenario turbulento, se produjo un incidente de enfrentamientos en las inmediaciones de los puentes internacionales en el que se fusionaron civiles y grupos irregulares, hechos de violencia aderezados por una cobertura mediática de alcance mundial y un concierto con personalidad connotadas del mundo del espectáculo20.
Estos hechos desencadenaron en: a) el escalamiento de las tensiones entre los gobierno de Venezuela y Colombia hasta la ruptura indefinida de relaciones diplomáticas; b) la agudización del carácter geopolítico y transnacional del conflicto de la frontera colombo-venezolana, explícita ante la intervención directa y explícita de Estados Unidos de América en el conflicto; c) la profundización de la tendencia marcada hacia la desintegración; d) la intensificación de la guerra de posiciones entre factores irregulares; e) la erosión del tejido institucional de los poderes estatales, -de su presencia y de su legitimidad- en las localidades fronterizas de la región económica Táchira- Norte de Santander (situación agravada por la instauración indefinida de políticas de excepción).
De igual manera, revelaron la territorialización de una guerra híbrida en la frontera colombo-venezolana, en la que de facto se fusionan las disputas por el control de nodos, redes y flujos entre factores irregulares transnacionales21, con las pugnas de esencia y escala geopolítica que se producen entre poderes estatales nacionales y supranacionales, en particular ante las tensiones producidas por la contraofensiva estadounidense por recuperar la hegemonía en el continente. Esta convergencia determina que este espacio fronterizo sea un punto crítico de las relaciones de fuerza entre los poderes estatales en conflicto, y que dichas relaciones de fuerza estén mediadas por la guerra entre factores irregulares.
Los procesos de reterritorialización dados en este ciclo, han pronunciado las tendencias instauradas a partir de la crisis de 2015, traducidas en la fractura de las relaciones económicas y políticas, el ascenso de las economías ilegales, y el aumento de la violencia en el marco de la intensificación de la guerra. Pero además, han estructurado una nueva dinámica institucional en la que se han agregado agencias de la ONU en el territorio, para la atención de los flujos migratorios de origen venezolano (condiciones de vulnerabilidad que se han agravado ante la pandemia), y por supuesto, se han formulado nuevos sentidos hacia el territorio de esta frontera, percibido como “una tierra de nadie y sin gobierno” (EEAP01, 2020); “un territorio arruinado y sin ley” (EEAE02, 2020); “un lugar bloqueado sumido en la pobreza y la marginación” (EEIF01, 2020); un lugar en guerra, de asesinatos selectivos, masacres, gente desaparecida y cadáveres picados en el río” (EEIF02, 2020); “un lugar de batallas campales entre la guerrilla y los paramilitares en la propia cara de las autoridades de ambos países” (AP02, 2020).
3. La resistencia como factor de reterritorialización
La población de la región fronteriza Táchira- Norte de Santander, también ha sido y sigue siendo un factor de territorialización en la crisis de la frontera colombo-venezolana. Desde una posición subalterna ha tejido experiencias de resistencia, concentradas primordialmente en demandas para la recuperación del tejido institucional y de la economía como medios para defender derechos e intereses comunes. A pesar de las asimetrías existentes respecto al entramado de factores económicos y geopolíticos e intereses estratégicos de gran escala que convergen en dicha crisis, el pueblo de la frontera no se resigna a la situación actual.
Las rupturas políticas que redundaron en la anulación de relaciones diplomáticas y en la extinción de los procesos de integración, no han impedido que localmente se puedan establecer canales para mitigar los efectos de la crisis, sea para revertir el colapso económico y atenuar situaciones de violencia. Por ejemplo, para “no permitir la paralización total de la producción en la zona industrial de Ureña, que mantiene sus operaciones a pesar de la crisis tan tremenda que se vive” (EEAE01, 2020); para la búsqueda de medios de vida de amplios sectores de la población “ante la devastación económica que enfrenta Venezuela” (EEIF01, 2020); para demandar “la apertura de la frontera” y constituir cadenas de suministro “de materias primas, insumos y repuestos para la producción, e incluso para tener acceso a alimentos, medicinas y otros productos vitales para el pueblo” (EEAE02, 2020); para crear redes solidarias para la protección de la vida “ante situaciones de amenazas de muerte hacia gente de la frontera” (EEAP01, 2020), y para “que las comunidades organizadas se mantengan en pie de lucha en su búsqueda de mejores condiciones de vida y también de un verdadero poder popular” (AP02, 2020).
La región fronteriza Táchira- Norte de Santander no presenta el dinamismo económico de otros tiempos, tampoco es un espacio de integración y mucho menos de participación ciudadana, pero no renuncia a seguir existiendo, con ello la resistencia asume un sentido de re-existencia y se constituye como la negación de la negación en relación con las rupturas políticas de los gobiernos y con las lógicas de violencia instauradas en el contexto de los procesos de reconfiguración territorial devenidos a partir de la agudización de la crisis de la frontera colombo-venezolana.
El tejido social fronterizo constituido históricamente en la región, ha funcionado como el eslabón clave para el despliegue de dichas resistencias. Ciertamente a nivel macro, esta región fronteriza se mide y se percibe como “un territorio deprimido económicamente, y extenuado socialmente por conflictos políticos entre los gobiernos y por una guerra que resulta ajena para la población” (EEIF02, 2020). Sin embargo, las resistencias no se han apagado: agentes políticos, gremios económicos, organizaciones sociales y comunitarias, intelectuales, y diversas vocerías de la sociedad civil coinciden en la necesidad de “devolverle la vida a esta frontera” (EEAE01, 2020), de “erradicar de estos territorios esta guerra” (EEIF02, 2020); de “recuperar los derechos de la gente y con ello retornar a la paz y superar el miedo” (EEAP01, 2020); “a pesar de todo, la esperanza no ha muerto en esta frontera y nosotros seguiremos luchando desde nuestras comunidades (EEAP02, 2020)”.
4. Conclusiones generales
- La región económica Táchira- Norte de Santander ha experimentado notables procesos de reconfiguración territorial durante los últimos veinte (20) años. Marcados por fuerzas estructurales que determinaron sus lógicas de integración-desintegración, la dinámica de sus relaciones económicas, y las relaciones de fuerza de un conflicto de naturaleza y escala geopolítica localizado sobre este espacio.
- En los procesos de reconfiguración territorial dados en esta región económica fronteriza, se pueden identificar dos (02) grandes periodos, los cuales expresan tendencias orgánicas de las relaciones internacionales en el sistema-mundo en su adaptación a los proyectos políticos de las formaciones económico-sociales de Venezuela y Colombia. El primer periodo (2000-2008) estuvo condicionado por el auge de la globalización y de la integración regional, mientras que el segundo periodo (2009-2020), de rupturas políticas y económicas, estuvo mediado por tres ciclos de conflictividad, los cuales han derivado en la agudización y la transnacionalización de la crisis de la frontera colombo-venezolana.
- La internacionalización del conflicto social, político y armado originado en Colombia hace más de medio siglo, es otro vector clave de los procesos de reconfiguración territorial enmarcados en la agudización de la crisis de la frontera colombo-venezolana.
- La frontera colombo-venezolana ha registrado transiciones complejas e intensas en su funcionalidad, desde su condición de enclave de integración regional e intercambio de gran escala en el mercado internacional, hasta su nuevo papel como punto crítico de relaciones de fuerza geopolíticas condicionado por el dominio territorial del binomio grupos irregulares-economías ilegales.
- La presencia e influencia en territorio de factores irregulares del conflicto armado colombiano (en una nueva fase cruenta desde 1999); la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Venezuela y Colombia (2009); el cierre del tránsito fronterizo (2015); y la denominada Batalla de los Puentes (2019), que alteró de manera notable la cartografía de las relaciones de fuerza entre poderes estatales nacionales y supranacionales, así como entre factores irregulares; se conciben como los hitos fundamentales de los procesos de reconfiguración territorial dados en las últimas dos décadas en la región económica fronteriza Táchira- Norte de Santander.
- La resistencia de la sociedad civil en defensa de sus derechos e intereses comunes, es un factor subalterno, pero inmanente en los procesos de reconfiguración territorial en la frontera colombo-venezolana.
Notas al pie
1) Jorge Forero es investigador del Centro de Investigación y Estudios Fronterizos (CIEF) y del Grupo de Trabajo CLACSO: Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano. Correo electrónico: jorgeforero89@gmail.com
2) Se diseñaron Entrevistas Estructuradas (EE), las cuales fueron aplicadas a seis (06) informantes clave seleccionados mediante un muestreo intencional. Dos (02) agentes económicos con negocios en ambos países; dos (02) agentes políticos (uno de cada país); y dos investigadores (uno de Norte de Santander y otro del Táchira). Para referir sus expresiones se recurrió a la siguiente codificación: Agentes económicos: EEAE01, EEAE02; Agentes políticos: EEAP01, EEAP02; Investigadores: EEIF01, EEIF02.
3) De textos especializados como libros, revistas académicas y trabajos de grado, reportes y artículos de prensa, e informes de instituciones y gremios.
4) La frontera colombo-venezolana presenta tres (03) nodos fundamentales y formales, estructurados históricamente como regiones económicas que funcionan como enclaves de intercambio; y en el marco de una realidad conflictiva, como territorios en disputa. Éstos son, por orden de importancia económica y política: i) El nodo Táchira- Norte de Santander; ii) El nodo Zulia- Guajira; iii) El nodo Apure- Arauca.
5) En la medida en que en la frontera colombo-venezolana se ha producido un proceso en el que se yuxtaponen: la devastación económica, la agudización de los conflictos políticos y una pérdida de legitimidad de los poderes estatales.
6) En la presente reflexión se analizarán esos procesos de reconfiguración y resignificación territorial en el nodo o región económica Táchira- Norte de Santander, la cual presenta al menos 05 localidades de interacción: San Antonio del Táchira- Villa del Rosario; Ureña- El Escobal; Boca de Grita- Puerto Santander; Delicias- Ragonvalia; y más recientemente, Llano Jorge y Juan Frío.
7) En concordancia con los lineamientos emitidos por la Comunidad Andina de Naciones (la decisión 501) para el establecimiento de zonas de integración en determinadas regiones fronterizas (2001), los cuales son la continuidad de acuerdos previos en esa materia suscritos desde 1991.
8) En 1942, los gobiernos de Colombia y Venezuela suscribieron el Estatuto de Régimen Fronterizo y en el mismo, acuñaron el concepto de “región fronteriza” para definir la dinámica del nodo Táchira- Norte de Santander.
9) La subregión del Catatumbo se convirtió en un enclave de producción de hoja de coca y procesamiento intermedio de pasta base de cocaína, y las localidades de la depresión del Táchira se posicionaron como rutas de los flujos de ese negocio ilegal hacia Europa y Estados Unidos de América. (Ávila, 2012). Según Salas (2016), existe una correlación directa entre la presencia paramilitar -en sus diversas formas- con esa industria criminal.
10) Es preciso señalar que según el estudio precitado, al menos el 57% de los homicidios registrados en esos municipios fronterizos en el periodo 2002-2012, se llevaron a cabo a través de la práctica del sicariato (inédita en Venezuela y característica de las violencias instauradas en Colombia en las últimas décadas del siglo XX).
11) Por tanto, la guerra de posiciones entre las fuerzas de las AUC (los denomimados paramilitares) y los grupos insurgentes de las FARC-EP y el ELN, no están aisladas de las pugnas entre los proyectos de Estado en Colombia y Venezuela, y están condicionadas por intereses geopolíticos y económicos transnacionales.
12) Una de las expresiones más atroces de esa historia de violencia cruenta, se registró en la localidad de Juan Frío (ubicado en la depresión del Táchira y adyacente a la linealidad fronteriza), en la cual se llevó a cabo una práctica de incineración de cadáveres, como resultado de un acuerdo entre las AUC y la Policía Nacional de Colombia para ocultar el aumento de los asesinatos en el contexto de la llegada de los paramilitares a la región.
13) Para ilustrar ese fenómeno, según el DANE (citado por la Cámara de Comercio de Cúcuta), el departamento de Norte de Santander presentó un crecimiento absoluto de su PIB del 86% entre los años 2003 y 2008 http://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/desc_48f753da73d58b2df340c6929698b74f.pdf.
14) Exacerbados por los enfoques diferenciales de las políticas económicas (monetarias y de los tipos de cambio) de Colombia y Venezuela. Mientras en Colombia se fomentaba una versión fundamentalista de libre mercado. Creando incluso desregulaciones especiales para la frontera como las vinculadas con la Resolución Externa Nº 8 del Banco de la República de Colombia del año 2000, por medio de la cual se flexibilizan los requisitos para realizar operaciones de cambio y se permite la asignación de tasas de cambio distintas a las establecidas por el ente rector en materia económica-financiera de ese país; en Venezuela se instauró en 2003 y se sostuvo hasta 2015 un control de cambio, el cual facilitó la constitución de Cúcuta como un nodo de transacciones en dólares y de operaciones de cambio monetario (Gutiérrez, 2014).
15) Estructura mercenaria e irregular centralizada en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya llegada a esta región fronteriza se produjo a través de una acción de violencia cruenta: la Masacre de La Gabarra del 21 de agosto de 1999.
16) Cronologia-Historia de tensiones entre Colombia y Venezuela https://lta.reuters.com/article/idLTASIE66M01320100723
17) Ya en 2006 se había producido un primer quiebre, a partir de la salida unilateral del gobierno de Venezuela de la CAN (Gutiérrez, 2013).
18) Actores regionales han propugnado la concreción de alternativas como la Zona Económica Especial Ureña- San Antonio del Táchira; las Zonas Francas de Cúcuta, e incluso Ruedas de Negocios en la búsqueda de romper la lógica de aislamiento. No obstante, esos esfuerzos han sido desbordados por las tendencias de desintegración.
19) La ciudad de Cúcuta y la localidad de Villa del Rosario (adyacente a la línea fronteriza), recibieron visitas de funcionarios de nivel estratégico de los Estados Unidos de América: el Jefe Máximo del Comando Sur; y el Vicepresidente de ese país. Asimismo, el día 23 de febrero, concentró una especie de pequeña cumbre de países integrados al Grupo de Lima, con la presencia de los presidentes de Colombia, Paraguay y Chile.
20) Para conocer más consideraciones del autor sobre esos hechos se sugiere revisar: "La batalla de los puentes": balance del 23F en la frontera colombo-venezolana. https://www.aporrea.org/actualidad/a276661.html
21) Aunado a los grupos tradicionales del conflicto colombiano (guerrillas y paramilitares), se han agregado grupos venezolanos e incluso se ha incorporado a esta pugna el Cartel de Sinaloa de México (EEIF02, 2020).
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