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Uno de los fenómenos en Latinoamérica que ha llamado la atención, en el contexto de la Pandemia por COVID-19, es el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos a su país de origen, utilizando para ello todos los medios posibles, incluido el desarrollo de largas caminatas desde los países receptores, en particular desde Ecuador y Colombia.
El fenómeno, inédito hasta ahora, deja muchas interrogantes, dadas la forma en que fue abordado y manejado comunicacionalmente el tema de la migración venezolana, la cual fue particularmente numerosa entre los años 2017 y 2018 , pues aunque las cifras aún son poco claras, se estima que el 70% de la migración venezolana, dejo el país durante esos años.
En el proceso de reingreso, hasta la fecha más de 60.000 connacionales han ingresado a Venezuela, siendo incorporados al sistema de cuarentena obligatoria, como medida de prevención para atender la situación de salud de los retornados y evitar nuevas fuentes de contagios internos. Si bien esta cifra es discreta, en relación al total de venezolanos en exterior, no se ha observado un fenómeno similar en otros países con tasas de migratorias importantes en países vecinos, donde la búsqueda de retorno no pasa de un par de cientos.
En este sentido, la Pandemia, no solo ha puesto a la luz la debilidad del estrategias preventivas de salud y medidas sociales concomitantes de los países receptores, para afrontar la emergencia sanitaria y su impacto, incluida la población de residentes extranjeros como población vulnerable, sino que también la situación de fragilidad en que se encuentran los genéricamente llamados “refugiados” venezolanos1, revelando la nula o escasa inversión que se ha hecho con las millonarias ayudas extranjeras destinadas a atender su situación. También la Pandemia ha develado, las contradicciones existentes frente a la necesidad de generar coordinaciones urgentes entre Colombia y Venezuela, tendientes a proteger los habitantes de ambos países, dada la permeabilidad de la frontera común y la priorización de no ceder frente a diferencias claramente políticas, por parte del Gobierno colombiano, sobre la necesidad de asumir una agenda común por razones humanitarias y de salud pública.
La Frontera Colombo-Venezolana.
La frontera entre Colombia y Venezuela es un límite internacional continuo de 2.219 kilómetros que separa ambos territorios y que une los Departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, con el venezolano Estado de Zulia, el Departamento de Norte de Santander con Táchira, Los departamentos de Boyacá, Arauca y Vichada con el Estado de Apure y a los departamentos de Vichada y Guainía con el Estado venezolano de Amazonas. Esta frontera cuenta con seis pasos fronterizos con puentes internacionales.
De manera permanente, esta frontera ha sido caracterizada por su porosidad, la presencia de grupos paramilitares, el contrabando permanente y la existencia de centenares de pasos ilegales cuyo control se ve dificultado por la falta de presencia de instituciones del Estado, sumado a las características geográficas que unen ambos países, cuya naturaleza dificulta de sobre manera un control total de la línea fronteriza.
La naturalización de ciertas prácticas, en la población en general, como lo son el paso ilegal de un país al otro mediante “trochas” y la práctica de economías domésticas centradas en el contrabando, hace aún más complejo el control fronterizo y la utilización exclusiva de los pasos habilitados.
Según Albornoz-Arias et Al (2019), en una investigación sobre los pactos sociales y el contrabando en la frontera colombo-venezolana, realizado en el norte de Santander y en el Táchira, la presencia de grupos armados, la relación de cooperación entre funcionarios de seguridad y contrabandistas y la percepción de un ambiente de ilegalidad, son comunes en el imaginario de los habitantes de este sector de la frontera.
Esta situación es particularmente relevante a la hora de establecer un cerco sanitario, ya que el paso ilegal hacia uno y otro lado de frontera, sin un adecuado control de personas que pudiesen estar contagiadas y propagar la enfermedad en el trayecto y destino final, se deja una ventana incontrolable de contagios, constituyendo esto un factor de gran peligro.
Por otra parte las relaciones entre ambos países se han deteriorado de más en más, lo que ha dificultado la coordinación entre los gobiernos, en materias de economía, migración, seguridad y otros, en particular, tras el desconocimiento del Presidente Constitucional de Venezuela por parte de Colombia en Enero de 2019 y la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Venezuela, el 23 de Febrero del 2019, tras el intento fallido de violar las fronteras terrestres de este país.
Migración venezolana hacia Colombia.
En 2019, el Ministerio de Relaciones Interiores de Colombia, declaraba la presencia de 1.630.903 migrantes venezolanos, 711.189 en condición de regularidad migratoria y 911.714, en condición de irregularidad, de ellos cerca de un 28.27% permaneció en los departamentos fronterizos , un 20% migro hacia a Bogotá y el resto hacia otros departamentos..
Esta información contrasta con la entregada por el informe del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) del año 2018, el cual sistematizó la información recopilada en un registro migrantes venezolanos irregulares, entre los cuales un 48% se situaba en los departamentos de frontera.
En estos departamentos, según el Informe de Banco Mundial (2018), entre 9% y 5% de la población total, son migrantes irregulares, siendo el Departamento de Arauca, quien lidera ese porcentaje. De ello se desprende que es posible que una vez obtenida la regularización de su situación migratoria, una parte los migrantes tendieron a abandonar los municipios fronterizos y desplazarse hacia Departamentos más alejados y centrales, entre los que destacan Antioquia, Atlántico y la ciudad de Bogotá.
Necesario es señalar que la migración venezolana hacia Colombia, de acuerdo a los datos de este último país, tendrá su momento más álgido en los años 2017 y 2018, produciéndose el pico migratorio, en el curso del año 2018.
Situación de los migrantes venezolanos en la Frontera Colombo-venezolana.
De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018) de los seis departamentos colombianos fronterizos, todos se encuentran entre el 50% más pobre del país2, dos ellos en situación crítica: Vichada y Guainía, los cuales cuadriplican y quintuplican respectivamente el promedio nacional, respectivamente.
La situación de la Guajira en tanto ha sido critica durante años, con más del 50% de su población bajo pobreza extrema.
Este dato cobra suma importancia al considerar que serán estos departamentos los que concentrarán un porcentaje importante de la migración venezolana, especialmente la más vulnerable, la que tiene menos recursos para trasladarse a otros departamentos colombianos y la más proclive a encontrarse en situación de ilegalidad migratoria.
Según las estadísticas del Grupo Banco Mundial, en su informe “Migración desde Venezuela a Colombia” (2018), la población migrante venezolana en este país, tiene doble de probabilidades de estar desempleada en relación a la población receptora, la incidencia de pobreza se sitúa en un 45%, mientras que alrededor del 39% de los niños, niñas y adolescentes migrantes no tienen acceso a la educación, un 32%, en tanto, carece de acceso a algún tipo vivienda, -encontrándose en situación de calle o en asentamientos informales,- y 32% de los migrantes establecidos en Colombia desde hace más de cinco años, carecen de cobertura en salud.
Por otra parte la precariedad laboral no es solo un problema para los migrantes en Colombia, cuyo índice de informalidad laboral fue del 47%, para el 2019, exactamente el mismo antes que iniciara la primera ola migratoria en el año 2016.
Migrantes venezolanos frente a la Pandemia.
La situación de crisis sanitaria impuesta por la Pandemia por COVID-19, ha puesto sin duda alguna en evidencia y profundizado las condiciones de precariedad en que ya se encontraba la población migrante venezolana en Colombia.
Entre las principales razones para el retorno está en la perdida de las fuentes de ingreso para quienes se dedicaban al comercio informal (Según diversas fuentes esta cifra alcanzaría el 90%) pero también la imposibilidad de seguir permaneciendo en las calles, dado las condiciones habitacionales antes señaladas o debido desalojo de las viviendas que estaban alquilando, situación que se repite en otros países, en que el proceso de retorno ha adquirido niveles significativos.
De otra parte el acceso a la salud en Colombia mantiene ciertas garantías para población local, pero la situación Hospitalaria en precaria, en particular en las zonas rurales y con presencia de población indígena. No obstante para acceder a los servicios de salud se requiere afiliarse obligatoriamente al sistema General de Seguridad Social en Salud, que incluye un régimen subsidiado o gratuito y un régimen contributivo o privado. Esta situación sin duda deja afuera a buena parte de la población migrante dado que como señalamos en apartado anterior, un tercio de los migrantes regulares no están afiliados al Sistema y la gran masa de migrantes sin papeles carece de toda forma de cobertura.
En necesario señalar además que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2017), el gasto del bolsillo en las prestaciones de Salud en Colombia fue de 15,4% en relación con el gasto total.
Conclusiones
Lejos de una exposición mediática asimilable a la entregada al flujo migratorio venezolano en los 2018 y 2019, el retorno de varios miles de connacionales a Venezuela ha sido sistemáticamente ocultado, de la misma forma que los resultados de las estrategias sanitarias para hacerle frente a la Pandemia, que sitúan a Venezuela como uno de los países con menos contagios por millón de habitantes y menor cantidad de fallecidos.
Por otra parte la frontera colombo-venezolana, pudiese ser una buena fotografía de dos maneras paralelamente opuestas de abordar un fenómeno o amenaza común y una oportunidad de observar cómo han sido administrados los intereses económicos, políticos y sociales frente a esta crisis sanitaria, sin perder de vista que esta se produce en un contexto de tensión diplomática permanente, que lleva ya varios años, con grados de intensidad intermitentes.
Mientras más avanzan los meses, desde que la pandemia por COVID-19 fue declarada como tal por la OMS, más pareciera revelar a su paso, el verdadero carácter y alcance de la transformación neoliberal en nuestro continente y las particulares y desastrosas consecuencias que ha tenido el desmantelamiento de los Estados en los países Latinoamericanos y su negativo impacto en la protección de los derechos más básicos, como vivienda, alimentación, salud y protección frente a desastres, especialmente en resguardo de la población más vulnerable.
El retorno de las familias venezolanas migrantes viene por tanto a subrayar las condiciones de precariedad y abandono en que se encuentran, tras la copiosa exposición de la que fueron objeto en años anteriores.
Referencias:
Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Américas, ( 2017). Resumen: panorama regional y perfiles de país. Washington, D.C.: OPS; 2017.
Grupo Banco Mundial (2018) Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano, plazo. – Colombia: Banco Mundial, 2018.
Ministerio de Relaciones Exteriores Colombia (2019) Evolución de la crisis migratoria venezolana.
Molano, A (2016) Las fronteras en Colombia como zonas estratégicas: análisis y perspectivas, Bogotá: Instituto de Ciencia Política
Hernán Echavarría Olózaga. RAMV (2018) Informe final Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia.
Albornoz-Arias, N; Mazuera-Arias, R: Briceño-León R. (2019) Los pactos sociales y el contrabando en la frontera colombo-venezolana.
Notas
1) Incluso desde los informes del Banco Mundial, la migración venezolana es reconocida como principalmente económica, lo que contrasta con el uso indiscriminado de la palabra refugiado por parte de ACNUR y algunas ONGs , siendo el concepto “Refugiado” una categoría que engloba aquellas personas que se encuentra fuera del país de donde son originarios, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia , raza, religión o pertenencia a un determinado grupo social.
2) De acuerdo al Índice de pobreza multidimensional
